LFM
El presidente Javier Milei transita semanas complejas. Luego de que el Senado aprobara con amplia mayoría un paquete de leyes que incluye aumentos a jubilados, declaración de emergencia en discapacidad y fondos para servicios esenciales, el mandatario anunció públicamente que vetará la norma. “¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si el veto se cae, vamos a judicializar”, dijo el jueves 10 de julio en la Bolsa de Comercio, generando inmediata repercusión política y social.
El jefe de Estado calificó la votación como “un intento de sabotaje al equilibrio fiscal” y aseguró que, si es necesario, dará marcha atrás con cualquier decisión desde el Congreso a partir del 11 de diciembre.
La ley vetada contempla una suba del 7,2 % en los haberes jubilatorios, eleva el bono mensual a $110.000 y declara la emergencia para personas con discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de estas medidas equivale al 0,2 % del PBI.
Las reacciones no tardaron en llegar. Miles de jubilados se manifestaron frente al Congreso, mientras organizaciones sociales y referentes del sistema previsional denunciaron el abandono. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, fue contundente:
“Millones de jubilados viven en condiciones de indigencia. Incorporar $61.000 no resuelve ni remotamente el estado de miseria al que vienen siendo condenados. Esto es una catástrofe: pedimos emergencia en salud, vivienda y alimentación”.
También alertan rectores universitarios, hospitales nacionales y organismos técnicos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional, que enfrentan recortes que afectan su funcionamiento. Incluso el Hospital Garrahan, de referencia pediátrica nacional, advirtió sobre problemas presupuestarios para mantener operativos sus servicios en el segundo semestre.
Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en que la política de superávit fiscal es “irrenunciable”. Pero el costo social y político de esa decisión empieza a sentirse.
