Triple femicidio en Florencio Varela: silencio de los acusados

Las víctimas habían sido vistas por última vez el pasado viernes, cuando fueron engañadas con la promesa de dinero para asistir a una supuesta fiesta. Más tarde, sus cuerpos fueron encontrados descuartizados en un hotel de la zona. Según la investigación preliminar, fueron asesinadas de forma secuencial mientras transmitían en vivo en TikTok, lo que apunta a un grado de crueldad extremo.

Entre los imputados se encuentran Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Dos de ellos dijeron ser propietarios de la vivienda donde se cometieron los crímenes; los otros dos fueron sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena del hecho.

Una mirada con perspectiva de género: violencia estructural y femicidio serial

Este caso no puede leerse de forma aislada ni como un hecho policial más. Se trata de un triple femicidio que vuelve a evidenciar las múltiples formas de violencia extrema que enfrentan las mujeres en contextos atravesados por el crimen organizado, la precariedad social y la ausencia del Estado.

Las jóvenes fueron víctimas de una violencia planificada y sistemática: fueron engañadas, manipuladas y finalmente asesinadas con saña. No se trata solo de un caso vinculado a bandas narco, como intentó justificar el ministro de Seguridad Javier Alonso bajo la idea de una “venganza narco”, sino de un crimen atravesado por el odio de género, el desprecio por los cuerpos feminizados y la cosificación extrema de las víctimas.

Desde una perspectiva de género, es clave no perder de vista que este crimen se inscribe en una trama más amplia: la de un país donde, según datos oficiales, una mujer es asesinada cada 35 horas por el solo hecho de ser mujer.

La urgencia de una justicia con enfoque de género

En este contexto, resulta fundamental que la investigación avance sin demoras, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. El silencio de los acusados no puede convertirse en una excusa para el encubrimiento o la dilación de la causa. La Fiscalía General de La Matanza, en manos de Patricia Ochoa, deberá decidir si continúa en manos del fiscal Dupláa o si toma otro rumbo.

Las familias de Brenda, Morena y Lara reclaman justicia y verdad. No puede haber impunidad para un crimen tan atroz, ni puede seguir tratándose la violencia machista como hechos aislados o explicables solo desde la lógica del narcotráfico. El Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia para todas.