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La advertencia no es nueva, pero fue reforzada con claridad institucional en una semana clave, tras la aprobación en el Senado de un paquete de leyes con fuerte impacto presupuestario. Entre ellas, se incluyen iniciativas impulsadas por bloques opositores que buscan incrementar el financiamiento hacia provincias a través de los ATN, mecanismo históricamente utilizado para asistir a distritos en emergencia o desequilibrio económico.
“Vamos a hacer uso de la herramienta constitucional del veto”, sostuvo Francos en declaraciones públicas, señalando que el Ejecutivo no permitirá que se sancionen leyes que comprometan el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de 2025. En ese sentido, remarcó que “no se puede hacer magia con los números”, y que cualquier intento de redistribución deberá ser evaluado estrictamente por su impacto en las cuentas públicas.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son recursos que el Gobierno nacional puede girar a las provincias en situaciones de emergencia económica, social o climática. Se trata de fondos no automáticos, administrados por la Jefatura de Gabinete, y muchas veces utilizados como herramienta de negociación política o de auxilio coyuntural.
En un contexto donde la Casa Rosada prioriza la reducción del déficit y la austeridad extrema, cualquier proyecto de ley que obligue al Ejecutivo a distribuir ATN de forma automática es visto como un intento de romper el principio de disciplina fiscal. Por eso, desde el oficialismo aseguran que cualquier avance legislativo que implique aumentar el gasto público será rechazado, incluso con el veto presidencial si fuera necesario.
La postura del Gobierno vuelve a poner el foco en la relación con los gobernadores, muchos de los cuales vienen reclamando mayor previsibilidad en la distribución de recursos federales, sobre todo ante la caída de recaudación propia y los recortes en programas nacionales.
El mensaje también fue dirigido al Congreso, donde el oficialismo está en minoría y ha sufrido varias derrotas legislativas. En la última sesión, la oposición logró aprobar un aumento en jubilaciones mínimas y una emergencia en discapacidad, lo que desató críticas del presidente Milei, quien incluso acusó de “traición” a la vicepresidenta Victoria Villarruel por permitir el debate en el Senado. Con este nuevo posicionamiento, el Gobierno deja claro que apelará a todos los mecanismos institucionales para sostener su hoja de ruta económica, basada en el equilibrio fiscal, sin excepciones.
Impacto en las provincias: El anuncio de Francos cayó como un nuevo balde de agua fría en los despachos provinciales. Muchos gobernadores venían gestionando fondos ATN para compensar caídas de coparticipación, transferencias directas o recortes en obras públicas. Con este veto anticipado, la mesa de diálogo entre Nación y provincias vuelve a tensarse. Algunos mandatarios ya advirtieron que este tipo de medidas agudiza el malestar social en los territorios y reduce la capacidad de respuesta del Estado en áreas sensibles como salud, educación o asistencia alimentaria.
