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El caso Ilarraz generó una fuerte reacción social e institucional: el máximo tribunal consideró que los abusos —cometidos entre los años 80 y 90— ya habían prescripto, y por eso fue sobreseído. Las víctimas, que tenían entre 12 y 14 años al momento de los hechos, habían denunciado en la adultez. Pero, para la Justicia, ya era tarde.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR) reflotó un proyecto presentado en 2023 junto a la asociación civil Aralma. La iniciativa propone modificar el Código Penal para que este tipo de delitos no tenga más plazos para ser juzgado, y que se cambie la figura de “abuso sexual” por la de “violencia sexual”, en línea con tratados internacionales de derechos humanos.
“Quedó más que demostrado que el cura Ilarraz abusó de niños que, ya adultos, decidieron hablar. La prescripción no puede seguir siendo una barrera. No cuando hablamos de una de las violaciones más graves a los derechos humanos”, sostuvo la legisladora. Desde el Poder Ejecutivo también hay señales: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el nuevo Código Penal que enviarán al Congreso incluye la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
“Celebramos la postura del ministro, pero no podemos esperar más tiempo. Las víctimas no pueden seguir esperando”, advirtió Brouwer de Koning. “Si ya hay voluntad política, avancemos con una ley específica, como ya existe en otros países. Necesitamos que los monstruos estén en las cárceles, no en las calles.”
Qué dice el proyecto “Ley sin plazo para la verdad”
La iniciativa establece que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriben, sin importar cuándo fueron cometidos, y obliga a los jueces a interpretar siempre a favor del interés superior del niño o niña, garantizando el acceso a la justicia aún en la adultez.
También cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte: “La violencia sexual infantil suele permanecer oculta durante toda la niñez y la adolescencia, y muchas veces sólo se revela en la adultez. Sus consecuencias no se disuelven con el paso del tiempo.”
Además, el proyecto propone agravar las penas establecidas en el artículo 119 del Código Penal. Entre los puntos principales:
• De 6 meses a 4 años de prisión por violencia sexual sin consentimiento, especialmente si la víctima es menor de 13 años o media abuso de poder.
• De 4 a 10 años si hubo sometimiento sexual gravemente ultrajante.
• De 6 a 15 años si hubo acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o actos equivalentes con introducción de objetos.
La discusión está sobre la mesa. El Congreso deberá decidir si avanza con esta modificación puntual —como exigen las víctimas y algunas legisladoras— o si espera a la reforma integral del Código Penal que prepara el Ejecutivo. Mientras tanto, el reclamo social crece: que nunca más un abuso sexual infantil quede impune por el paso del tiempo.
