En los últimos días, el país volvió a quedar sacudido por denuncias de corrupción, coimas y manejos poco claros en áreas sensibles del Estado, como la oficina de discapacidad. Sin embargo, más allá de la gravedad o veracidad de cada caso, hay un aspecto que debería preocuparnos tanto como los hechos denunciados: el papel de la prensa y de los medios de comunicación.
Vivimos en una época en la que la mediatización reemplaza al debido proceso judicial. Basta con que un nombre aparezca en un titular para que la persona quede señalada, culpable ante la opinión pública y marcada socialmente, incluso antes de que la justicia investigue, evalúe pruebas y se pronuncie. En esta lógica, muchas veces la denuncia pesa más que la sentencia, y lo que debería ser un acto de transparencia se convierte en una herramienta de desgaste político y mediático.
Lo más grave es que, con el tiempo, muchas de esas condenas mediáticas se desinflan: denuncias que parecían lapidarias terminan en la nada, sin pruebas suficientes o con la causa archivada. Pero el daño ya está hecho: la reputación de las personas queda herida, la sospecha persiste y la desconfianza social se profundiza.
La presión de los titulares, los zócalos televisivos y la multiplicación de noticias en redes terminan influyendo en el clima social y, en ocasiones, hasta en la propia balanza de la justicia. El periodismo, que debería iluminar con rigor y aportar a la verdad, se convierte entonces en un tribunal paralelo que dicta condenas simbólicas sin apelación posible.
A esto se suma otro factor: la responsabilidad editorial. Cada medio comunica según su propia línea, sus creencias, sus intereses y —en muchos casos— según quién los financia políticamente o económicamente. Allí el periodismo deja de ser periodismo y pasa a ser otra cosa: militancia disfrazada de objetividad, operación disfrazada de información.
Lo más peligroso es cuando el denunciante resulta ser más delincuente que el denunciado, algo que la historia reciente nos muestra en más de un caso. En esa distorsión, el ciudadano común queda atrapado entre versiones cruzadas y pierde confianza en todo: en la justicia, en la política y en los medios.
La libertad de prensa es esencial para la democracia. Pero esa libertad exige, como contracara, una responsabilidad ética: no usar el poder de la palabra para ensuciar, sino para esclarecer; no convertir la noticia en condena, sino en información. Solo así podremos evitar que la comunicación se transforme en caos, y que los verdaderos culpables —y no las víctimas de campañas mediáticas— sean quienes reciban la sanción que corresponde: la de la justicia.
