La Cámara Nacional Electoral confirmó la sanción a un partido político que, durante las primarias de 2023, contrató espacios disfrazados de entrevistas periodísticas para difundir publicidad electoral paga. La decisión llega dos años después, y aunque pueda parecer tardía, abre un debate que sigue más vigente que nunca: ¿qué tan transparente es la comunicación política en tiempos de redes, influencers e inteligencia artificial?
El fallo pone blanco sobre negro en algo que muchos intuíamos: no todo lo que parece entrevista lo es. Y cuando se confunde periodismo con propaganda, se hiere de muerte al derecho más básico de los ciudadanos: el de votar informados.
La Justicia electoral lo dejó claro: prácticas como éstas dan ventajas indebidas, alteran la equidad de la competencia y desinforman a los votantes. Pero lo más preocupante no es el pasado, sino el presente: si en 2023 un partido usó entrevistas pagas en televisión y radio, ¿qué está pasando hoy en las plataformas digitales donde la frontera entre contenido orgánico y publicitario es todavía más difusa?
La sentencia advierte justamente sobre eso: influencers, streamers, cuentas falsas e inteligencia artificial ya forman parte del arsenal de campaña. Y si no se regulan con firmeza, pueden terminar moldeando las decisiones electorales con un poder más opaco y persuasivo que el de los medios tradicionales.
Que este fallo llegue tarde no lo hace menos importante. Por el contrario, lo convierte en un recordatorio incómodo: la política debe repensar sus formas de comunicar y la sociedad debe exigir mayor transparencia. Porque si la frontera entre información y propaganda se borra, no solo se degrada la calidad de las campañas, sino también la esencia misma de nuestra democracia.
