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Asunción, Paraguay. La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó este sábado 7 de noviembre un nuevo capítulo judicial. El Ministerio Público imputó formalmente al expresidente Santiago Peña Palacios y solicitó su prisión preventiva en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.
La decisión fue comunicada por el equipo de fiscales que interviene en la causa penal N.º 92/2026, después de la comparecencia del exmandatario ante la Fiscalía General del Estado.
Peña había sido destituido el viernes mediante un juicio político en el Congreso paraguayo, en medio de las repercusiones por el colapso de la entidad bancaria y las protestas de ahorristas afectados.
Los fiscales atribuyen al expresidente la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.
La investigación busca determinar su eventual responsabilidad en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, así como los posibles beneficios derivados de esas operaciones.
Durante la conferencia de prensa, los representantes del Ministerio Público explicaron que los hechos investigados contemplan penas que pueden alcanzar los diez años de prisión para cada una de las figuras mencionadas.
Sin embargo, la imputación constituye una atribución formal de hechos y no una declaración de culpabilidad.
Además de la imputación, la Fiscalía solicitó al juzgado penal de garantías que disponga la prisión preventiva de Peña.
También requirió la inhibición general para enajenar y gravar bienes, junto con medidas destinadas a identificar y preservar cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos patrimoniales relacionados con los investigados.
El pedido incluye actuaciones para localizar propiedades, vehículos y participaciones societarias que puedan resultar relevantes para la investigación.
Estas medidas deberán ser evaluadas por la autoridad judicial competente. Por lo tanto, la solicitud fiscal no implica que el congelamiento patrimonial o la prisión preventiva ya hayan sido ordenados por un juez.
La investigación alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien también fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
Su situación introduce un elemento especialmente sensible para el sistema financiero paraguayo: el papel que pudieron haber tenido los mecanismos de supervisión y control bancario durante el desarrollo de la crisis.
Los investigadores examinan documentación financiera, informes técnicos, actuaciones administrativas y decisiones vinculadas con el funcionamiento de Ueno Bank.
La imputación llega apenas un día después de la destitución presidencial y profundiza una crisis que ya afectó la confianza de miles de ahorristas y el funcionamiento del sistema financiero paraguayo.
La caída de Peña no puso fin a las investigaciones ni resolvió las dificultades de quienes mantienen fondos comprometidos por la situación bancaria.
El nuevo escenario abre dos frentes simultáneos: la investigación penal sobre las presuntas responsabilidades de exautoridades y la necesidad de recuperar la estabilidad institucional y financiera.
Por ahora, el próximo paso será la decisión del juzgado penal de garantías sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
