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Según se informó, agentes de la Policía Nacional se presentaron durante la noche en la vivienda de Peña, donde le notificaron la orden y concretaron su detención. El procedimiento coincidió con los actos de asunción de su sucesor en el Congreso.
La medida fue dispuesta en la causa N.º 92/2026, que investiga presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. La orden también alcanza a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay.
Peña permanecerá detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con la información difundida por los fiscales, deberá comparecer este sábado 7 de noviembre, a las 11 horas. Hasta el momento, esa citación no implica que se haya dispuesto su posterior alojamiento en una penitenciaría.
La detención llegó después de que el Senado, constituido en tribunal de juicio político, lo declarara culpable de mal desempeño de sus funciones. La decisión reunió los votos de los 44 senadores presentes.
Peña no concurrió personalmente a la sesión y su defensa estuvo representada por abogados. Sus representantes cuestionaron los plazos del procedimiento y sostuvieron que se había vulnerado el debido proceso, después de que fuera rechazada una solicitud de tiempo adicional para preparar la defensa.
El ahora expresidente había anunciado su renuncia el jueves, pero esa presentación no impidió que avanzara el juicio político.
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La destitución tiene una consecuencia adicional: Peña queda excluido de la senaduría vitalicia prevista para los expresidentes elegidos democráticamente. El artículo 189 de la Constitución paraguaya exceptúa de ese beneficio a quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
La responsabilidad institucional determinada por el Senado y la investigación penal son procedimientos diferentes. La destitución no constituye una condena penal por los hechos relacionados con Ueno Bank, que deberán establecerse en la Justicia.
La crisis bancaria, que afectó el acceso de los clientes a sus depósitos y provocó protestas, abrió así una nueva etapa política y judicial. Alliana asumió la conducción del país mientras continúan las investigaciones y los reclamos de los ahorristas.
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