La Frontera Misiones
La edición del viernes 6 de noviembre de 2026 contiene tres decretos mediante los cuales el Gobierno de Misiones reconoce gastos y autoriza pagos por un total de $20.196.000 (veinte millones ciento noventa y seis mil pesos), correspondientes a la provisión de 5.049 raciones de comida para personas detenidas.
Las prestaciones fueron realizadas durante octubre, noviembre y diciembre de 2025 en dependencias policiales de San Pedro y San Vicente. Los decretos 1177, 1178 y 1179, firmados el 1 de julio de 2026, identifican como proveedor a la firma Comidas para Llevar La Palmera, de Jorge Ramón Fernández, con domicilio comercial en San Vicente.
El Decreto 1177 reconoce $5.696.000 (cinco millones seiscientos noventa y seis mil pesos) por 1.424 raciones suministradas durante octubre de 2025 a detenidos alojados en la Comisaría Primera de San Pedro.
El Decreto 1179 corresponde a la misma dependencia policial y contempla $4.728.000 (cuatro millones setecientos veintiocho mil pesos) por 1.182 raciones consumidas durante noviembre.
Por su parte, el Decreto 1178 autoriza $9.772.000 (nueve millones setecientos setenta y dos mil pesos) por 2.443 raciones destinadas durante diciembre a la División Custodia y Traslado de Detenidos de la Unidad Regional VIII, con asiento en San Vicente.
$4.000 (cuatro mil pesos) por ración, para una población penitenciaria de casi 1850 personas aproximadamente en la provincia. El gasto alimentario debe considerarse dentro de un sistema de detención que comprende tanto establecimientos penitenciarios como dependencias policiales.
En abril de 2026, la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Mereles, informó que las cárceles de Misiones alojaban aproximadamente 1.850 personas. El sistema provincial cuenta con unidades penitenciarias en Loreto, Oberá, Eldorado, Puerto Rico y Cerro Azul, además de establecimientos especializados y dependencias ubicadas en el área de Posadas.
Las cifras no representan un conteo actualizado de toda la población privada de libertad en noviembre de 2026. Sin embargo, permiten dimensionar la cantidad de personas cuya alimentación, custodia y atención cotidiana requieren recursos públicos.
La provisión de alimentos constituye solamente uno de los componentes del sostenimiento del sistema de detención. A ella se agregan los gastos de personal, seguridad, infraestructura, servicios básicos, atención sanitaria, traslados y mantenimiento de los establecimientos.
Los tres decretos publicados permiten identificar el costo de determinadas prestaciones en dependencias policiales del interior, pero no representan el presupuesto alimentario total del Servicio Penitenciario Provincial ni el costo global de mantener a las personas privadas de libertad en Misiones.
Los documentos también muestran que los servicios prestados durante los últimos meses de 2025 fueron reconocidos mediante actos administrativos firmados en julio de 2026 y publicados recién en noviembre.
La información, disponible en el Boletín Oficial N.º 16711, ofrece una referencia concreta sobre cómo se registran y financian servicios esenciales vinculados con la custodia de personas detenidas. El seguimiento de estas publicaciones permite conocer una parte de las erogaciones provinciales y aportar información documentada sobre el destino de los recursos públicos.
