La Frontera Misiones
Asunción, Paraguay. La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank alcanzó este jueves 5 de noviembre un punto decisivo en la política paraguaya. Las principales bancadas del oficialismo anunciaron que acompañarán el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña, dejando al mandatario sin el respaldo parlamentario que hasta ahora sostenía su gobierno.
La decisión se conoció minutos antes del inicio de una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para analizar la acusación presentada por 35 legisladores opositores y disidentes del Partido Colorado. El giro político fue impulsado por el propio presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien manifestó públicamente su apoyo al procedimiento constitucional.
La bancada colorada A, integrada por 36 diputados, comunicó que votará a favor de la acusación. La bancada B, con otros nueve integrantes, también anunció su respaldo. Con estas definiciones, el pedido reúne apoyos suficientes para superar la mayoría de dos tercios requerida en Diputados, aunque la aprobación formal depende de la votación parlamentaria.
La decisión representa un cambio significativo en la relación entre Peña y el Partido Colorado, que lo llevó a la Presidencia. Hasta las primeras horas de este jueves, el interrogante era si los diputados oficialistas permitirían alcanzar el quórum necesario para tratar la acusación. Sin embargo, los pronunciamientos de ambas bancadas modificaron completamente el escenario.
El vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza, aclaró que su sector acompañará el juicio político contra Peña, pero no contra el vicepresidente Pedro Alliana, cuya situación será analizada por separado.
La diferencia introduce un elemento clave en la crisis: el oficialismo parece dispuesto a discutir la continuidad del presidente sin extender necesariamente la misma posición a quien ocupa la Vicepresidencia.
El proceso se originó en la intervención de Ueno Bank, entidad que administraba millones de cuentas y recursos de organismos públicos paraguayos. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras, los cuestionamientos a la supervisión del Banco Central y los vínculos empresariales anteriores entre Peña y el grupo propietario del banco aumentaron la presión política.
El martes renunció Carlos Carvallo a la presidencia del Banco Central, a pedido del mandatario. La salida no logró contener el conflicto, que ahora alcanzó directamente al Poder Ejecutivo.
La oposición acusa a Peña de mal desempeño de sus funciones y plantea posibles conflictos de intereses, cuestiones que deberán ser examinadas dentro del procedimiento constitucional.
La Constitución paraguaya establece que Diputados debe aprobar la acusación por una mayoría de dos tercios de los presentes. Si prospera, el expediente pasa al Senado, encargado de juzgar al presidente y decidir eventualmente su destitución.
El respaldo anunciado por las bancadas no equivale todavía a la destitución de Peña. La crisis deja una señal política de enorme alcance: cuando el partido gobernante retira su respaldo al presidente, el problema deja de limitarse a la gestión de una entidad financiera y se convierte en una disputa por la continuidad del poder.
La definición parlamentaria marcará el próximo capítulo de una crisis que comenzó con los ahorros de millones de paraguayos y terminó poniendo en cuestión la permanencia del jefe de Estado.
