La Frontera Misiones
La administración pública contempla mecanismos legales para conservar la estabilidad, realizar pases y asignar personal a otras dependencias. Una suerte de premio de permanencia, en algunos casos. Pero la legalidad de esos procedimientos no elimina la necesidad de explicar su finalidad.
Un ejemplo concreto permite plantear la cuestión. Una ex diputada provincial conserva su condición de agente de planta permanente activa, categoría 23, en el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Y desde el 1 de enero de 2026 figura afectada en comisión de servicios a la Municipalidad de Jardín América.
La situación administrativa está documentada. Lo que corresponde preguntar es qué tareas motivaron esa afectación, cómo se certifica su cumplimiento y qué necesidad del servicio justifica mantener ese destino. No hace falta convertir una situación individual en una acusación para discutir el funcionamiento del sistema.
El caso del ex director de la Escuela 733 de San Vicente, Juan Carlos Kategora, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que excede las responsabilidades individuales. Según la documentación difundida, acumuló 3.363 días de licencia durante aproximadamente 18 años. El diputado provincial Cristian Castro presentó una denuncia penal para que se investiguen el otorgamiento de esas licencias, los haberes percibidos y una posible incompatibilidad laboral con Energía de Misiones.
Este lunes 26, el legislador se presentó ante la Justicia y ratificó su denuncia. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y quiénes tenían la responsabilidad de controlar las autorizaciones.
El interrogante va más allá del resultado judicial, ¿cómo puede prolongarse durante tantos años una situación administrativa sin que se adviertan antes las posibles inconsistencias?.
En Puerto Esperanza, una investigación municipal sobre un empleado con licencia médica terminó en una resolución de cesantía, después de incorporar registros migratorios y testimonios. El trabajador negó los hechos. Ese expediente muestra la importancia de contar con procedimientos de control.
Mientras se anuncian reorganizaciones, hay servicios que necesitan personal, áreas que requieren más recursos y trabajadores cuyos salarios siguen siendo insuficientes.
La estabilidad laboral es un derecho. Pero también corresponde explicar por qué se mantienen determinadas asignaciones, quién supervisa las tareas y qué necesidad pública satisfacen.
No alcanza con anunciar cambios mientras las prácticas de siempre permanecen fuera de revisión. La pregunta no es solamente cuánto cuesta sostener el Estado, sino a quiénes se les exige justificar su trabajo y a quiénes no.
Porque cuando los recursos no alcanzan para mejorar el salario de quienes cumplen sus tareas todos los días, también corresponde revisar las decisiones que mantienen otras posiciones dentro de la administración.
El Estado no debería funcionar como una garantía de permanencia política. Debería poder justificar cada función que sostiene con recursos públicos.
