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La medida busca resolver una situación que durante años mantuvo pendientes ajustes previsionales y que estaba vinculada al cumplimiento de obligaciones financieras del Estado nacional con la caja provincial.
El nuevo esquema establece que Misiones afrontará las actualizaciones con recursos propios, sin esperar a que Nación regularice las transferencias reclamadas.
La ley establece tres etapas de cumplimiento:
Estos porcentajes no representan aumentos generales del 25%, 50% y 100% sobre todas las jubilaciones. Se refieren a la proporción de actualizaciones que cada beneficiario tenga pendientes de aplicación.
Por lo tanto, el impacto en los haberes dependerá de la situación previsional individual.
Aunque la ley establece un plazo para regularizar las movilidades, permanece abierta la discusión sobre las diferencias acumuladas y los pagos retroactivos reclamados por los jubilados.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Misiones, que participó de las instancias de diálogo previsional y acompañó el tratamiento legislativo, valoró la sanción de la norma, pero aclaró que no considera cerrado ese reclamo.
La secretaria general del gremio, Miriam López, señaló que el cronograma representa un avance después de años de gestiones, aunque sostuvo que continuará exigiendo el reconocimiento de la deuda histórica y los retroactivos. El sindicato también reclamó que se cumplan efectivamente los plazos establecidos.
La modificación legislativa introduce fechas concretas para una obligación previsional que permanecía pendiente. Sin embargo, su alcance efectivo deberá observarse en las próximas liquidaciones del IPS.
El primer vencimiento será en noviembre de este año. A partir de entonces podrá evaluarse cómo se trasladan las actualizaciones a los haberes de los beneficiarios alcanzados.
La sanción de la ley constituye un avance para los jubilados, pero la regularización se concretará cuando los ajustes previstos se reflejen efectivamente en sus recibos.
Fuente: gacetilla de ATE
