Hay relatos de otras mujeres en los que una reconoce algo propio. El desgaste de expresar una diferencia y tener que aclarar que pensar distinto no significa faltar el respeto. La incomodidad de defender una decisión de trabajo y terminar respondiendo por el tono, el carácter o la supuesta dificultad de quien la plantea. La sensación de que el reconocimiento se vuelve frágil cuando una dice que no. Y el temor de que sostener esa diferencia, interpretada como desobediencia,termine costándole el puesto.
La desigualdad empieza antes de esa conversación. Empieza en quiénes llegan a los cargos donde se definen prioridades, se distribuyen recursos y se toman las decisiones finales. Según ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, al comenzar 2026 las mujeres ocupaban apenas el 22,4 % de los puestos ministeriales a escala mundial. La distancia respecto de una distribución equilibrada del poder sigue siendo considerable.
Pero contar cargos es apenas una parte. También hay que observar qué responsabilidades se asignan, cuánto margen existe para decidir y quién puede revisar o desautorizar esas decisiones. Una mujer puede figurar en un organigrama y seguir encontrando obstáculos para que su autoridad sea reconocida en la práctica.
Por eso, el desplazamiento de la administradora del Mercado Concentrador de Posadas merece una lectura que incluya su experiencia. En su explicación pública, vinculó el conflicto con su defensa de un emprendedor que ofrecía yopará mientras se organizaba una entrega gratuita de ese mismo plato, y con su oposición al uso de las redes institucionales para una actividad de contenido político.
La conducción del IMAC sostuvo, por su parte, que existían diferencias previas y reclamó respeto por la cadena de mando. En su respuesta pública también negó haber actuado con soberbia o autoritarismo y afirmó que había compensado al emprendedor con dinero de su sueldo. Son explicaciones que deben formar parte del relato, junto con los cuestionamientos de la exadministradora.
En una conversación conmigo, ella expresó algo más: “Todas las veces que me tocó marcar una diferencia tuve problemas”. También me contó que se sentía sometida a una exigencia de obediencia por ser mujer.
Escucharla me interpeló: en sus palabras reconocí situaciones que también he vivido.
Conozco esa dificultad de sostener una opinión cuando se espera acompañamiento sin objeciones. También el esfuerzo de explicar una y otra vez que señalar un problema es una forma de comprometerse con el trabajo.
Hay, además, una tensión que merece atención: en su publicación, la conducción reconoció como excelente el trabajo de la exadministradora en el armado de módulos de yopará. Ese reconocimiento vuelve pertinente preguntar qué peso tiene la valoración de una tarea cuando aparece una diferencia con quien conduce.
La misoginia existe y debe poder nombrarse. Puede expresarse en el desprecio hacia la capacidad de una mujer, en la descalificación de su palabra o en la expectativa de que sea especialmente dócil para conservar su lugar. Examinar esas prácticas exige atender a conductas y situaciones concretas. También exige no descartar el testimonio de una mujer por el solo hecho de que incomode.
Un desplazamiento, por sí solo, no demuestra discriminación. Pero esa precisión tampoco debería clausurar la pregunta por el trato recibido. Escuchar a quien se siente desautorizada, indagar en los episodios que describe y revisar los criterios con los que se evalúa su trabajo es parte de una discusión que la política necesita dar.
Los mandatos deben cambiar de ambos lados. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer plantea “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres”. En la gestión, esa transformación también supone revisar qué se entiende por autoridad, compromiso y lealtad.
Las mujeres no deberían tener que renunciar a su criterio para ser consideradas comprometidas. Los hombres que conducen deben poder escuchar una objeción sin vivirla como una amenaza a su autoridad. Tener responsabilidades distintas no vuelve menos valiosa la palabra de quien ocupa un escalón inferior.
Ese límite es especialmente importante en el Estado. La ciudadanía deposita confianza en sus representantes para que conduzcan instituciones y respondan a necesidades colectivas. Esa responsabilidad alcanza a todos: a quienes acompañan al gobierno, a quienes lo cuestionan y a quienes no pertenecen a ningún espacio político.
La militancia de un funcionario es legítima. Administrar un organismo público implica, además, cuidar que sus recursos, sus servicios y sus canales de comunicación respondan a la finalidad de esa institución. El alineamiento partidario no puede convertirse en la medida del derecho a ser escuchado.
La participación de las mujeres necesita acceso a los cargos, recursos para ejercerlos y reconocimiento de su autoridad. También necesita algo elemental: que disentir sea una posibilidad real. El derecho a participar no debería terminar donde empieza el desacuerdo.
Fuentes: Entrevista con la exAdministradora, ONU Mujeres y Unión Interparlamentaria: mujeres en el poder político, 2026; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 5; declaraciones del titular del IMAC a Radio Up.
