"Qué asco me da esta negrada", se escucha decir, seguido de risas y un "perdón". La escena resulta ser más elocuente porque, detrás de la ventanilla se observan los carteles de quienes reclamaban.
Una frase pronunciada dentro de un colectivo alcanzó para mostrar una forma de mirar la sociedad. El video fue grabado durante el viaje de militantes de La Libertad Avanza hacia Puerto Iguazú, en el marco de la visita presidencial.
El episodio podría reducirse a una frase individual, desafortunada y clasista. Sin embargo, adquiere otra dimensión porque quien la pronunció aparece identificada con un espacio político que impulsa una Escuela de Dirigentes y pretende convertirse en alternativa de gobierno en Misiones.
Una expresión individual no define por sí sola a todo un partido. Ninguna conducción puede controlar cada palabra pronunciada por sus militantes. Pero cuando una conducta se vuelve pública, quienes forman dirigentes tienen dos responsabilidades: explicar qué valores transmiten y decidir cuáles comportamientos corrigen, cuáles repudian y cuáles terminan normalizando con su silencio.
La promesa anticasta nació para cuestionar los privilegios de quienes vivían de la política. Interpeló a una sociedad cansada de los beneficios reservados para unos pocos, de la distancia entre representantes y representados y de un Estado que demasiadas veces confundió asistencia con sometimiento electoral.
Pero cuando el enojo deja de mirar hacia arriba y comienza a descargar su desprecio sobre productores, trabajadores o personas vulnerables, la rebeldía cambia de dirección: deja de ser anticasta y corre el riesgo de convertirse en antipobre. Ya no discute estructuras ni privilegios. Clasifica a las personas entre quienes merecen progresar y quienes aparentemente molestan porque no pudieron hacerlo solos.
La filósofa Adela Cortina acuñó el término “aporofobia” para nombrar el rechazo hacia las personas pobres. Su advertencia resulta pertinente: “La aporofobia va en contra de la dignidad humana y es excluyente”. No se trata solamente de una mala palabra, sino de una forma de establecer quién merece reconocimiento y quién puede ser reducido al desprecio.
Existe, además, una contradicción generacional que merece ser observada. Una generación educada para no opinar sobre cuerpos, identidades u orígenes todavía puede reproducir prejuicios de clase cuando la discusión se vuelve política.
Cambiaron algunas palabras prohibidas, pero no siempre cambió la mirada sobre el otro. El respeto pierde coherencia cuando se aplica únicamente a las causas con las que nos identificamos y desaparece frente a quien piensa, vive o vota de otra manera. La pobreza no es una identidad elegida, la vulnerabilidad no es una falla moral y pedir ayuda no convierte automáticamente a una persona en dependiente, incapaz o inferior.
El éxito profesional, la buena posición económica o la capacidad técnica no deberían convertirse en una desventaja política. Una sociedad necesita personas preparadas que decidan involucrarse en los asuntos públicos. El problema aparece cuando la experiencia individual se utiliza como medida para juzgar la vida de todos los demás. No todos heredaron las mismas oportunidades, pudieron estudiar, emprender o esperar a que un negocio comenzar a funcionar. La distancia con la sociedad no se mide por el precio de un traje, sino por la incapacidad de reconocer la dignidad de quien nunca pudo comprarlo.
El Gobierno provincial construyó parte de su identidad alrededor de la asistencia, la cercanía territorial y las políticas sociales. Ese modelo puede y debe ser cuestionado cuando la ayuda se transforma en dependencia, herramienta electoral o mecanismo para conservar obediencias.
El Estado tampoco puede limitarse a administrar vulnerabilidades sin generar las condiciones para que las personas alcancen autonomía. Una política social que se vuelve permanente sin ofrecer una salida puede terminar preservando aquello que afirma combatir. Pero la contracara del clientelismo no debería ser el desprecio hacia quien necesita acompañamiento. Una política pública puede revisarse; la dignidad de las personas no debería entrar en discusión.
No deberíamos tener que elegir entre un Estado que convierte la ayuda en dependencia y una política que convierte la vulnerabilidad en motivo de desprecio. La discusión tampoco debería obligarnos a optar entre dos extremos: un Estado que somete mediante la asistencia electoral y un mercado que supone que todas las personas comenzaron la carrera desde el mismo punto.
La Argentina necesita un Estado que acompañe sin someter, que regule sin asfixiar y que ayude a construir autonomía. La solidaridad no es necesariamente clientelismo; tampoco la libertad consiste en abandonar a quien todavía no cuenta con las herramientas para ejercerla. La libertad sin condiciones mínimas para ejercerla puede terminar siendo apenas el nombre elegante del privilegio.
Una escuela de dirigentes no debería limitarse a enseñar cómo se organiza una campaña, cómo funciona el Estado o cómo se defiende un programa económico. También debería formar en responsabilidad democrática, convivencia y respeto por quien piensa, vive o vota de otra manera.
Si quienes comienzan a participar en política aprenden primero a identificar adversarios y solamente después a comprender la sociedad que pretenden representar, algo está invertido.
Quien aspira a gobernar no representará únicamente a quienes comparten su ideología, su situación económica o su interpretación del mérito. Tendrá que gobernar también para el productor que protesta, el trabajador que perdió su empleo, la familia que depende de un comedor y la persona que necesita temporalmente del Estado.
La dirigencia no puede controlar cada expresión individual. Sí puede establecer límites, corregir comportamientos y demostrar con claridad qué valores no está dispuesta a relativizar. El silencio no siempre significa aprobación. Pero cuando un espacio se presenta públicamente como formador de dirigentes, la ausencia de una corrección también transmite una enseñanza.
La pregunta, entonces, excede una frase pronunciada dentro de un colectivo: ¿qué Argentina queremos construir? ¿Una que divide entre exitosos y fracasados, productivos y descartables, merecedores y “negrada”? ¿O una sociedad capaz de reconocer el esfuerzo, acompañar la vulnerabilidad y discutir sus diferencias sin convertir al otro en objeto de desprecio?
No alcanza con cambiar el destinatario del odio. Una política que reemplaza una forma de estigmatización por otra no termina con la grieta: solamente modifica quién queda del lado despreciado. El argentino ha demostrado muchas veces que puede ser solidario y colaborativo. Esa disposición aparece frente a una inundación, un incendio, una enfermedad o la necesidad de un vecino, incluso cuando las diferencias políticas parecían irreconciliables.
Tal vez la grieta no sea una condena inevitable, sino un negocio político que seguimos aceptando. Y quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos de qué lado estamos para comenzar a preguntarnos qué clase de sociedad estamos dispuestos a ser.
La anticasta puede cuestionar privilegios, exigir transparencia y denunciar los abusos del poder. Pero si para hacerlo necesita despreciar a quien quedó abajo, habrá perdido aquello que alguna vez le permitió presentarse como una rebelión contra los poderosos.
