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Quince años después de que estallara uno de los mayores escándalos vinculados con la construcción de viviendas sociales, la causa Sueños Compartidos llegó a una sentencia. El Tribunal Oral Federal N.º 5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión en suspenso. Sergio Schoklender recibió dos años y ocho meses y su hermano Pablo, dos años y cuatro meses.
Las cuatro condenas son por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Las sentencias todavía no están firmes y podrán ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los fundamentos completos se conocerán el 13 de noviembre.
Julio De Vido fue absuelto junto con otros cuatro acusados. Hebe de Bonafini permaneció procesada hasta su muerte, ocurrida en 2022, y no llegó a enfrentar el juicio oral. Los gobernadores e intendentes que habían sido investigados fueron sobreseídos anteriormente y su responsabilidad no fue juzgada en este debate.
En Misiones, Sueños Compartidos se instaló en el barrio San Isidro de Posadas. El proyecto contemplaba 156 viviendas, obras de infraestructura, un salón de usos múltiples y un centro integrador comunitario. Las primeras 50 casas fueron entregadas en diciembre de 2009. Cuando el escándalo nacional se hizo público en 2011, el obrador quedó atravesado por reclamos salariales e incertidumbre laboral. Trabajadores vinculados con el proyecto llegaron a ocupar unidades del complejo ante el temor de perder sus empleos y no cobrar lo adeudado.
En julio de 2011, el Gobierno provincial resolvió apartar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y trasladar al IPRODHA la continuidad de las obras.
El exgobernador Maurice Closs declaró este año durante el juicio y aseguró que las obras previstas para Misiones fueron terminadas “en tiempo y forma”.
También sostuvo que la Provincia no administraba directamente los fondos nacionales y que la Nación imponía como condición que los trabajos fueran ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según su testimonio, las familias participaban en la construcción de sus propias viviendas.
La declaración aporta la versión del entonces gobernador, pero no reemplaza la documentación administrativa. Para cerrar definitivamente el capítulo misionero todavía se necesitan los convenios, certificados de avance, actas de entrega y registros del IPRODHA correspondientes a las 156 unidades.
El programa funcionó entre 2005 y 2011 y recibió fondos nacionales para construir viviendas y centros comunitarios en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Río Negro, entre otras jurisdicciones.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, se otorgaron más de $900 millones de aquella época y se comprobó un perjuicio de $206 millones. La acusación describió contrataciones directas, ausencia de controles, extensiones de plazos y sobreprecios de hasta el 100%.
El tribunal ordenó decomisar $206 millones como resultado de la maniobra. La cifra deberá ser actualizada por inflación cuando la sentencia quede firme y el dinero recuperado será destinado a programas de viviendas sociales.
Auditorías realizadas sobre el programa también detectaron obras paralizadas, viviendas sin entregar, deficiencias constructivas y elevados costos. De 4.757 unidades proyectadas o iniciadas, solamente 822 figuraban adjudicadas al momento del relevamiento.
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Viviendas sociales convertidas en negocio
Sueños Compartidos había sido presentado como una solución para familias que no podían acceder a una vivienda. Terminó bajo investigación por fondos desviados, controles inexistentes, cheques rechazados y obras que debieron ser asumidas por provincias y municipios.
La sentencia llegó quince años después y con penas que no implican prisión efectiva. Recordar el caso no responde solamente a una discusión electoral: permite medir el daño que ocasiona la corrupción cuando los recursos comprometidos estaban destinados a quienes más necesitaban del Estado.
Fuentes: Ministerio Público Fiscal, Auditoría General de la Nación, Tribunal Oral Federal N.º 5, TN, Infobae y archivos periodísticos.
