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BUENOS AIRES. Después de meses de enfrentamientos políticos por el financiamiento y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, la Cámara de Diputados aprobó en general durante la madrugada del jueves 22 de octubre el proyecto vinculado con la emergencia nacional en discapacidad, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
La votación reflejó un amplio acompañamiento parlamentario tras las negociaciones entre el oficialismo y sectores opositores. Entre los protagonistas del acuerdo estuvo el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, quien presentó ocho modificaciones relacionadas con pensiones, empleo, cobertura sanitaria, auditorías, financiamiento y compensaciones a prestadores.
La aprobación en general constituye un avance legislativo, aunque resta verificar la votación en particular y el texto definitivo de los artículos modificados.
El entendimiento reunió posiciones de La Libertad Avanza, bloques provinciales y sectores opositores que hasta entonces sostenían propuestas diferentes sobre el futuro del sistema.
Las propuestas impulsadas por Herrera Ahuad abarcan aspectos centrales del régimen de discapacidad: pensiones, compatibilidad con el empleo formal, cobertura sanitaria, auditorías, financiamiento y obligaciones con los prestadores.
Entre los puntos contemplados se encuentra el mantenimiento de las pensiones no contributivas en el equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
También se establece la posibilidad de compatibilizar la pensión con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos. Si se supera ese límite, el beneficio podría suspenderse temporalmente y rehabilitarse cuando vuelvan a cumplirse las condiciones previstas.
En materia sanitaria, el texto busca garantizar la continuidad de las prestaciones básicas y preservar el sistema de nomencladores utilizado para determinar los valores de los servicios.
Otro aspecto relevante es el procedimiento de auditorías. Se mantienen los controles administrativos, pero se incorporan mecanismos de notificación, derecho a descargo y posibilidades de rehabilitación de los beneficios.
La negociación también incluyó modificaciones relacionadas con las partidas presupuestarias y las compensaciones adeudadas a prestadores.
El texto contempla mecanismos para garantizar recursos destinados al sistema y establece plazos para organizar el pago de determinadas obligaciones pendientes.
Sin embargo, la existencia de estas previsiones no significa que el financiamiento esté completamente resuelto.
El equipo económico del Gobierno había manifestado reparos sobre el costo fiscal de la iniciativa, mientras las organizaciones del sector reclamaban garantías para sostener la continuidad de las prestaciones.
La discusión sobre discapacidad fue uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno nacional y la oposición durante los últimos meses.
El oficialismo buscaba avanzar con una nueva regulación, mientras otros bloques impulsaban la prórroga de la emergencia vigente.
La posibilidad de incorporar modificaciones permitió acercar posiciones y construir un texto que conserva aspectos importantes del sistema de prestaciones.
Durante el debate, Herrera Ahuad defendió la necesidad de establecer garantías concretas para los beneficiarios y prestadores, y vinculó su acompañamiento al contenido definitivo de la propuesta.
El entendimiento parlamentario constituye un avance en una discusión atravesada por diferencias políticas, pero no elimina los interrogantes sobre su aplicación.
La continuidad de los servicios dependerá de la reglamentación, la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Tampoco corresponde confundir un acuerdo en Diputados con la sanción definitiva de una ley, que requiere completar el procedimiento legislativo correspondiente.
Más allá de las posiciones partidarias, la negociación dejó una cuestión institucional relevante: los cambios incorporados a un proyecto pueden modificar sustancialmente su alcance cuando los bloques deciden construir acuerdos.
Para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, lo determinante será que esas disposiciones se traduzcan en garantías efectivas y servicios sostenidos en el tiempo.
