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La iniciativa busca establecer un nuevo marco para las pensiones y prestaciones destinadas a personas con discapacidad, pero enfrenta objeciones dentro del propio Poder Ejecutivo por el costo fiscal de las medidas.
La sesión está convocada para este miércoles 21 de octubre, desde las 12, con una agenda que también incluye proyectos vinculados con propiedad privada, tierras rurales y otros asuntos legislativos.
Uno de los principales puntos del texto es el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad en un equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
También contempla la posibilidad de compatibilizar esas pensiones con ingresos laborales formales o provenientes del monotributo, siempre que no superen dos salarios mínimos.
Otro aspecto central es la continuidad del nomenclador de prestaciones, que establece valores de referencia para servicios como terapias, transporte y acompañamiento.
Su actualización continúa siendo uno de los puntos de discusión, debido a los reclamos de prestadores y organizaciones del sector por la pérdida de poder adquisitivo de los aranceles.
La iniciativa también busca establecer garantías presupuestarias para sostener los servicios.
Aunque los diputados oficialistas negociaron el proyecto con bloques aliados, el equipo económico mantiene reparos sobre su financiamiento.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció durante el debate del Presupuesto 2027 que la propuesta consensuada no coincide plenamente con la iniciativa que pretendía originalmente el Poder Ejecutivo.
El Gobierno había planteado modificaciones más amplias en las condiciones de acceso a las pensiones y en el sistema de determinación de los valores de las prestaciones.
Sin embargo, esos cambios encontraron resistencia legislativa y judicial, lo que obligó al oficialismo a buscar acuerdos.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso difundidas durante la negociación, el costo fiscal de la propuesta podría alcanzar aproximadamente $600.000 millones en 2027 y $1,2 billones en 2028, bajo los supuestos utilizados en el informe.
Las cifras representan proyecciones, no gastos ya ejecutados.
También existe una discusión pendiente sobre las compensaciones adeudadas a prestadores por períodos anteriores.
La diferencia entre nuevas obligaciones presupuestarias y deudas acumuladas es importante para comprender el alcance real del financiamiento requerido.
El oficialismo necesita sostener los acuerdos alcanzados con otros bloques para reunir el quórum y avanzar con el tratamiento legislativo.
Sin embargo, el texto todavía puede sufrir modificaciones durante la sesión.
La discusión no se limita al costo fiscal. También involucra la previsibilidad de las prestaciones y la capacidad del Estado para garantizar su funcionamiento.
El miércoles será una instancia decisiva para conocer qué aspectos del proyecto consiguen respaldo parlamentario y cuáles continúan en negociación.
