La Frontera Misiones
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional obtuvo 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención. Con esta media sanción, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su tratamiento antes de convertirse en ley.
El texto aprobado introduce modificaciones en los criterios para las internaciones involuntarias, la intervención de los profesionales de la salud, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes y sus familias.
Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación del criterio utilizado para disponer una internación sin el consentimiento del paciente.
La legislación vigente establece la existencia de un riesgo cierto e inminente. El proyecto propone considerar situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
La internación continuará siendo un recurso excepcional, reservado para aquellos casos en los que los tratamientos ambulatorios no resulten suficientes.
En situaciones de emergencia, un médico podrá indicar la internación, pero la decisión deberá ser revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria dentro de las 48 horas.
También se mantienen mecanismos de notificación y control judicial para proteger los derechos de las personas internadas.
Otro de los cambios se relaciona con la participación de los equipos de salud mental.
El proyecto contempla la intervención de médicos, preferentemente psiquiatras, junto con psicólogos y otros profesionales. Además, habilita teleconsultas cuando no sea posible contar presencialmente con determinados especialistas.
La reforma amplía el abordaje de los consumos problemáticos e incorpora otras adicciones, entre ellas la ludopatía.
También establece medidas específicas para niños y adolescentes, con atención diferenciada y restricciones para su internación en espacios destinados a adultos.
En cuanto a los establecimientos de atención, se mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y se reafirma la importancia de los tratamientos comunitarios.
La disponibilidad de recursos fue uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento legislativo.
El senador misionero Carlos Arce planteó la necesidad de garantizar que las provincias cuenten con medios suficientes para aplicar las modificaciones.
Como resultado de las negociaciones, el proyecto incorporó un mecanismo de cooperación técnica y económica entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, mediante acuerdos coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud.
La discusión no es menor: ampliar las prestaciones y modificar los procedimientos exige profesionales, infraestructura, dispositivos comunitarios y recursos para sostener los tratamientos.
Para Misiones, el desafío estará en determinar cómo se implementarán esas disposiciones en hospitales y centros de atención, especialmente en localidades donde la disponibilidad de especialistas es limitada.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá intervenir con mayor rapidez ante situaciones graves y ofrecer nuevas herramientas a los profesionales y las familias.
Los sectores críticos advierten, en cambio, sobre la necesidad de preservar las garantías de los pacientes y evitar que los cambios en las internaciones sustituyan las políticas de atención comunitaria.
El financiamiento también continuará bajo discusión, ya que su implementación dependerá de las condiciones previstas en el texto definitivo y de los recursos disponibles.
La reforma todavía no está vigente. La Cámara de Diputados deberá debatir el proyecto y podrá aprobarlo, introducir modificaciones o rechazarlo.
Mientras tanto, la discusión deja planteado un desafío que trasciende la votación: cómo garantizar una atención oportuna, respetuosa de los derechos de los pacientes y con recursos suficientes en todo el país.
