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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en el centro de una creciente polémica. Con un presupuesto superior a los 230.000 millones de pesos, más de 6.000 trabajadores, 53 estaciones experimentales y cientos de agencias distribuidas en todo el país, el organismo es clave para el desarrollo del campo argentino. Pero desde hace meses circulan versiones, algunas contradictorias, sobre lo que el Gobierno pretende hacer con él.
Aún sin decreto oficial, se habla de una posible intervención administrativa, recortes presupuestarios, reestructuración de personal y hasta cambios profundos en la composición de su Consejo Directivo, lo que podría afectar seriamente su autonomía, su estructura federal y el histórico equilibrio entre lo público y lo privado.
Se admite la necesidad de modernizar el INTA y adecuarlo a nuevas demandas tecnológicas, distintos sectores advierten que el Ejecutivo no ha comunicado con claridad el rumbo de la reforma.
Según trascendidos, la Casa Rosada buscaría trasladar el control presupuestario del INTA al Ministerio de Economía y limitar el poder de decisión de entidades como las universidades, Aacrea y el Conicet dentro del Consejo Directivo. Esto se suma a posibles recortes de hasta 1.500 empleos, eliminación de vehículos oficiales, reducción de agencias y concentración de funciones.
En paralelo, crece la incertidumbre interna: el clima dentro del organismo es tenso, con personal técnico de alto perfil analizando retiros voluntarios o salidas. En el interior del país, muchas agencias temen por su continuidad operativa.
Entidades agropecuarias como CARBAP, CREA, Coninagro y la Federación Agraria coincidieron en un mensaje claro: el INTA necesita transformarse, pero no desmantelarse. Advirtieron que no aceptarán “una recentralización de poder” ni un modelo que avance en silencio sin diálogo con las provincias y los actores productivos.
Desde su creación, el INTA se basó en una gobernanza mixta: científica, federal y participativa. Lejos de ser una “caja” sin control, es un engranaje esencial de la producción agropecuaria nacional, especialmente en provincias como Misiones, donde cumple un rol fundamental en la innovación yerbatera, forestal y ganadera.
El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de mejorar lo que sea necesario, pero también la obligación institucional de informar y rendir cuentas antes de reformar un organismo clave para el desarrollo nacional.
