La Frontera Misiones
El Gobierno de Misiones formalizó el uso de tarjetas de débito corporativas para pagar gastos de funcionamiento de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.
La medida fue establecida mediante la Resolución 276 de la Contaduría General, firmada el 21 de octubre y publicada el martes 27 en el Boletín Oficial N.º 16.703.
No se trata de tarjetas personales ni de un beneficio adicional para funcionarios. Son medios de pago vinculados a cuentas bancarias oficiales, destinadas a administrar fondos permanentes y cajas chicas de los organismos públicos.
La resolución señala que el agente financiero provincial ya entrega estas tarjetas al abrir las cuentas correspondientes. La nueva disposición incorpora reglas específicas para su utilización y rendición.
Cada tarjeta será personal e intransferible y estará a nombre del funcionario autorizado para administrar los recursos.
El titular responderá por los gastos indebidos, excesivos o ajenos a las funciones institucionales.
Las compras deberán respetar tanto el dinero disponible en la cuenta como los topes establecidos para los fondos permanentes y cajas chicas.
La normativa prohíbe financiar operaciones en cuotas, generar intereses o dividir una misma compra en varias facturas para evitar los límites permitidos.
También habilita el débito automático de servicios esenciales, siempre que estén contratados a nombre del organismo y se presenten los comprobantes correspondientes.
Uno de los puntos que merece atención es la posibilidad de realizar extracciones por cajero automático.
La resolución las autoriza únicamente de manera excepcional y fundada. Cada retiro deberá justificarse posteriormente mediante comprobantes de los gastos realizados.
El funcionario tendrá que presentar una planilla cronológica y conciliar el importe extraído con los movimientos registrados en la cuenta bancaria oficial.
Por lo tanto, la tarjeta no elimina completamente el manejo de efectivo, aunque establece condiciones para su utilización.
Cada operación deberá contar con documentación respaldatoria y figurar en los extractos bancarios presentados durante la rendición.
Si un comprobante se extravía, el responsable tendrá que solicitar una copia certificada.
Cuando una operación resulte improcedente, el gasto podrá ser rechazado. Si el funcionario no logra justificarlo mediante su descargo, deberá reintegrar el importe correspondiente.
Ante la pérdida o el robo de una tarjeta, será obligatorio bloquearla inmediatamente y comunicar lo sucedido al servicio administrativo dentro de las 24 horas hábiles.
La incorporación de medios electrónicos puede facilitar el seguimiento de los movimientos bancarios y reducir determinados riesgos asociados al uso de efectivo.
Sin embargo, la resolución no informa cuántas tarjetas estarán operativas, qué organismos las utilizarán ni el volumen total de recursos que se administrará mediante este sistema.
Tampoco establece un mecanismo específico de publicación abierta de los consumos para que cualquier ciudadano pueda consultarlos.
La cuestión no es solamente cómo se paga, sino quién autoriza, quién controla y qué información sobre esos gastos estará disponible para la sociedad.
La trazabilidad bancaria constituye una herramienta de control interno. La transparencia pública requiere, además, conocer cómo se utilizan los recursos y qué resultados arrojan las rendiciones.
Fuente documental: Boletín Oficial N.º 16.703, Resolución 276, páginas 3 y 4.
