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El protagonista del episodio fue Adolfo Joaquín Jesús Montenegro Niveyro, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretario de Coordinación General de Gabinete. El funcionario conducía una Toyota Hilux perteneciente al Estado provincial, dominio AE902YC, cuando fue interceptado alrededor de las 6 de la mañana del domingo 1 de noviembre.
El procedimiento se desarrolló en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertad, en Oberá. Según la información policial del operativo, el test de alcoholemia arrojó 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido, que actualmente es de cero alcohol para conducir.
Personal de la Dirección de Tránsito Municipal, con cobertura de efectivos policiales de la Unidad Regional II, procedió a la retención de la camioneta, que fue trasladada mediante una grúa al corralón municipal para las actuaciones correspondientes.
Este lunes 2 de noviembre se conoció la designación de José Antonio Amable como nuevo subsecretario de Coordinación General de Gabinete, en reemplazo de Montenegro Niveyro.
El recambio se produjo apenas un día después del procedimiento y de que trascendiera públicamente el episodio. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con el instrumento administrativo que permita establecer si la salida respondió formalmente a lo ocurrido en Oberá.
La rapidez del reemplazo introduce una dimensión institucional al caso, que trasciende la infracción de tránsito y alcanza a la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
Más allá de la gravedad de conducir con alcohol en sangre, el episodio abre otro interrogante: ¿por qué una camioneta perteneciente al Estado provincial circulaba durante la madrugada de un domingo y bajo qué autorización?
En diferentes áreas de la administración pública, la asignación de vehículos a funcionarios se justifica por la necesidad de garantizar disponibilidad ante emergencias o situaciones extraordinarias. Determinadas responsabilidades pueden exigir traslados inmediatos fuera del horario habitual de trabajo.
Sin embargo, contar con movilidad oficial para atender necesidades del servicio no significa disponer libremente de un bien público para actividades particulares.
El caso vuelve a poner en discusión si los vehículos estatales deberían permanecer en parques cerrados o dependencias oficiales durante los fines de semana y feriados, con excepciones debidamente autorizadas para guardias, emergencias o comisiones de servicio.
También plantea la necesidad de conocer qué mecanismos existen para registrar las salidas, controlar los recorridos, autorizar el consumo de combustible y establecer responsabilidades ante infracciones o daños.
En este caso, todavía no se informó públicamente si la camioneta estaba asignada de manera permanente al subsecretario, si existía una actividad oficial que justificara su circulación a esa hora o dónde permanecía estacionada habitualmente. Son aspectos que requieren una explicación de las autoridades responsables de la administración de los vehículos provinciales.
El reemplazo del funcionario constituye una respuesta institucional inmediata, pero no despeja por sí solo los interrogantes sobre el uso y control de los recursos públicos.
Porque la pregunta no termina en quién conducía una camioneta oficial con 1,65 gramos de alcohol en sangre. También alcanza a quién autoriza, supervisa y responde por la utilización de los vehículos que pertenecen al Estado y se sostienen con recursos de todos los misioneros.
