LFM
La disposición reduce en $30 millones el crédito presupuestario del Consejo General de Educación (CGE) y aumenta en idéntica suma el correspondiente al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM).
Ambos movimientos están vinculados con fondos identificados como Garantía Salarial y Conectividad, dentro de la cuenta especial de convenios nacionales.
El artículo segundo dispone la disminución de $30 millones de una partida del CGE destinada a gastos de personal, bajo el concepto Personal Varios.
El artículo tercero incorpora ese mismo importe al presupuesto del SPEPM, en la partida denominada Aportes a Actividades No Lucrativas.
La norma también modifica la orden de disposición de fondos para reflejar el movimiento entre las direcciones administrativas de ambos organismos.
La reasignación favorece al Servicio Provincial de Enseñanza Privada, que recibe $30 millones adicionales provenientes de una partida del Consejo General de Educación. Aunque el movimiento no reduce el financiamiento educativo total, sí modifica la distribución de recursos entre ambos organismos.
La decisión abre un interrogante sobre los criterios utilizados para priorizar esos fondos, especialmente en un contexto de reclamos salariales docentes.
El decreto detalla de dónde salen los $30 millones y a qué organismo se destinan, pero no explica por qué se decidió realizar el cambio.
Tampoco aclara si los fondos ya fueron utilizados ni si la medida tuvo algún impacto en los salarios docentes.
Lo concreto es que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada recibe más crédito presupuestario, mientras el Consejo General de Educación dispone de $30 millones menos en esa partida.
La pregunta es por qué se decidió favorecer esa asignación de recursos y qué necesidades se tuvieron en cuenta.
El decreto fue firmado el 19 de junio, pero se publicó recién el 26 de octubre, más de cuatro meses después.
En medio de los reclamos salariales docentes, la reasignación de estos fondos vuelve a poner en discusión los criterios con los que se distribuyen los recursos educativos y la necesidad de explicar las prioridades presupuestarias.
Fuente: Boletín Oficial de Misiones N.º 16702, del 26 de octubre de 2026, Decreto 1101, página 7.
