En el marco de un proceso de revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió 110.522 pensiones por invalidez laboral que, según el vocero presidencial, habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores.
Además, se dieron de baja 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 de beneficiarios que renunciaron voluntariamente.
Entre las pensiones suspendidas se detectaron casos resonantes, como personas que presentaron la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión para justificar la discapacidad. En Tucumán, por ejemplo, se hallaron expedientes que repetían exactamente el mismo estudio médico.
Según datos oficiales, entre 2003 y 2015 —durante los tres gobiernos kirchneristas— la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, la cifra bajó levemente a 1.026.000, pero volvió a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, tras los cuatro años de gestión de Alberto Fernández.
Desde el Ejecutivo remarcan que este número “no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales”, y sostienen que la revisión busca garantizar transparencia y focalizar los recursos en quienes realmente lo necesitan.
