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En línea con su visión liberal del Estado, el presidente Javier Milei y su equipo sanitario avanzan con un plan que podría transformar profundamente el sistema público de salud en la Argentina. Según fuentes del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, ya está en marcha un proyecto que plantea convertir a los hospitales nacionales en “hospitales públicos de gestión privada”.
La iniciativa, que podría comenzar a implementarse después de diciembre si el oficialismo logra un resultado favorable en las elecciones, responde a la premisa ideológica del Gobierno: que la salud es una competencia exclusiva de las provincias, según lo establece la Constitución.
¿Qué pasará con los hospitales nacionales?
En este marco, Nación plantea que los hospitales nacionales no deberían seguir bajo administración del gobierno central, y propone tres caminos:
Transferirlos a las provincias (que, en su mayoría, no quieren recibirlos si no hay financiamiento asegurado).
Eliminar su administración centralizada.
Privatizar la gestión manteniendo el carácter público del servicio, mediante licitaciones a prestadores privados.
La propuesta que cobra más fuerza es la tercera: los hospitales seguirían siendo públicos, pero su gestión operativa pasaría a manos privadas. Esto incluiría la administración del personal, los insumos y la facturación, bajo un sistema mixto de financiamiento.
¿Cómo se financiaría este nuevo sistema?
El plan contempla tres mecanismos:
Pacientes extranjeros: pagarían directamente la consulta o intervención.
Pacientes con cobertura de obra social o prepaga: el hospital privado cobraría automáticamente a la prestadora del servicio.
Pacientes sin cobertura: se les pediría el DNI y se le facturaría el costo del servicio a la provincia de residencia del paciente.
Este último punto es el que genera mayor controversia. Si un ciudadano sin cobertura es atendido en un hospital ubicado en Buenos Aires, pero tiene domicilio en Misiones, la provincia debería hacerse cargo de ese gasto. El Gobierno considera que este esquema es coherente con el federalismo fiscal y sanitario, pero desde varias jurisdicciones ya anticipan su rechazo ante una carga económica que podría ser desproporcionada.
El Gobierno buscará salir de la administración directa de hospitales nacionales.
La gestión privada de hospitales públicos podría implementarse desde 2026.
Las provincias deberían asumir el costo por la atención de pacientes sin cobertura.
La medida genera resistencia entre gobernadores y sindicatos de la salud.
Esta reforma sería parte del paquete de cambios estructurales que Milei buscaría implementar en una segunda etapa de gestión. De concretarse, implicaría un cambio histórico en la relación entre Nación, provincias y el sistema de salud.
