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BRASILIA. A tres días de la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro alcanzaron este jueves un acuerdo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para autorizar la apertura de sus registros bancarios, fiscales y telefónicos, incluidos datos de familiares y empresas relacionadas con ambos candidatos.
El entendimiento surgió después del enfrentamiento televisivo del domingo 18, cuando Lula desafió a su adversario a hacer pública su información financiera en medio de acusaciones de corrupción. La propuesta, inicialmente resistida por Bolsonaro, derivó en una negociación entre los equipos jurídicos de las dos campañas, que terminaron aceptando condiciones para avanzar con el procedimiento.
El martes 20, Lula presentó ante el TSE una autorización para divulgar información correspondiente a los últimos ocho años, tanto propia como de su esposa, sus hijos y determinadas empresas vinculadas.
Flávio Bolsonaro respondió con nuevas exigencias. Entre ellas, solicitó ampliar el período de revisión e incorporar registros de colaboradores del presidente, movimientos financieros y gastos relacionados con la administración federal.
La campaña de Lula aceptó esas condiciones y ambas partes formalizaron el acuerdo este jueves en la sede del tribunal electoral. El documento fue firmado personalmente por Lula, mientras que Bolsonaro estuvo representado por su abogada Maria Claudia Bucchianeri.
El acuerdo comprende datos bancarios, fiscales y telefónicos de ambos candidatos, además de registros de familiares y determinadas personas jurídicas. Una de las diferencias durante la negociación estuvo relacionada con la inclusión de una empresa vinculada al abogado Willer Tomaz, mencionado en investigaciones relacionadas con el entorno de Bolsonaro.
La campaña del presidente reclamó que esa información quedara comprendida en el procedimiento. Finalmente, según los medios brasileños, ambas partes aceptaron su incorporación. La defensa de Bolsonaro negó que exista una relación societaria o económica comprobada entre el candidato y esa empresa. Las referencias a investigaciones y sospechas forman parte de las posiciones expresadas durante la campaña y no constituyen, por sí mismas, pruebas de responsabilidad penal.
Aunque el acuerdo fue firmado, la información no se considera automáticamente divulgada. El procedimiento requiere intervención de la Justicia Electoral y actuaciones ante organismos financieros, tributarios y empresas de telecomunicaciones.
Las campañas plantearon que los registros puedan consultarse públicamente antes de la segunda vuelta, pero todavía resta comprobar qué documentación será efectivamente difundida y en qué condiciones.
El episodio introduce una nueva instancia en una campaña atravesada por acusaciones personales y diferencias económicas. Ambos candidatos aceptaron someter parte de su información al escrutinio público, aunque el alcance real dependerá de los documentos disponibles y de las decisiones judiciales correspondientes.
El acuerdo tampoco resuelve las controversias planteadas durante los debates ni reemplaza las investigaciones de los organismos competentes. A pocos días de la elección, la discusión pasó de las declaraciones televisivas a un compromiso formal ante la Justicia Electoral. La cuestión pendiente es si ese compromiso se traducirá en información verificable y accesible para los ciudadanos antes de votar.
