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Según un informe difundido esta semana por ambientalistas locales y respaldado por investigadores de la UNaM, en lo que va del año ya se registraron más de 1.200 hectáreas desmontadas, muchas de ellas en zonas protegidas o lindantes a reservas. El fenómeno, que no siempre es visible en grandes superficies, se caracteriza por la fragmentación progresiva del bosque nativo, lo cual debilita ecosistemas completos y afecta la conectividad biológica.
“No se trata solo de grandes desmontes. La tala selectiva, los caminos ilegales, los desmontes hormiga, van cortando la selva en pedazos. Y eso es tan dañino como la pérdida total”, explicó una fuente técnica que participa del monitoreo satelital.
Los departamentos más comprometidos son San Pedro, Guaraní y Cainguás, aunque también se registraron focos en el norte de Oberá y alrededores de Montecarlo. Organizaciones como Greenpeace y Vida Silvestre reclaman mayor presencia del Estado, controles reales y transparencia en el otorgamiento de permisos forestales, así como actualización urgente del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Desde el Ministerio de Ecología de la provincia, aseguran que los operativos se realizan “de manera permanente” y que toda denuncia es investigada. Sin embargo, en el territorio, muchas comunidades aseguran que la falta de fiscalización real habilita el avance discreto de topadoras.
Misiones aún conserva más del 45% de su territorio cubierto por selva paranaense, pero la amenaza es constante. Sin control y sin conciencia, el verde que nos define puede terminar convertido en un recuerdo de campaña.
