LFM
Buenos Aires. La política nacional de discapacidad volvió a quedar en el centro de la agenda , por tres hechos que se superpusieron en los últimos días: la renuncia del secretario Alejandro Vilches, una investigación judicial por presuntos incumplimientos vinculados con pagos a prestadores y la discusión que abrió el proyecto de Presupuesto 2027 sobre el financiamiento del sistema.
Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. En una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, señaló que dejaba el cargo por “razones estrictamente personales” y pidió que la dimisión fuera efectiva de inmediato. Hasta ese momento, el Gobierno no había informado quién quedaría al frente del área.
La salida se produjo en un contexto sensible. Menos de tres semanas antes, Vilches había concurrido a la Cámara de Diputados para explicar medidas relacionadas con prestaciones, pensiones y funcionamiento del sistema. También coincidió con la discusión por el Presupuesto 2027, aunque oficialmente no se vinculó su renuncia con ese debate.
En paralelo, la Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones vinculadas con pagos de prestaciones para personas con discapacidad.
La causa surgió a partir de un amparo colectivo y fue remitida al Ministerio Público Fiscal para determinar si existieron conductas que pudieran configurar desobediencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hasta ahora no existe una condena ni una responsabilidad penal establecida.
A ese escenario se sumó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, que propone modificaciones en pensiones y en el sistema utilizado para actualizar los valores que reciben los prestadores. Actualmente, esos aranceles tienen mecanismos de actualización periódica. Días atrás, el Gobierno oficializó una suba del 1,7% para septiembre. La propuesta presupuestaria generó cuestionamientos y abrió negociaciones dentro del Congreso, donde el oficialismo trabaja en cambios sobre el texto inicialmente enviado.
La discusión, de todos modos, viene desde antes. La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad estableció obligaciones relacionadas con pensiones, prestaciones y actualización de aranceles. Desde entonces, el debate gira alrededor de dos cuestiones centrales: cómo garantizar la continuidad de las prestaciones y cómo financiar el sistema.
Por eso, lo que ocurre hoy no puede reducirse solamente a una discusión por recortes. Hay tres procesos abiertos al mismo tiempo: la definición de quién conducirá el área, la investigación judicial sobre los pagos y el debate legislativo sobre qué cambios finalmente se aplicarán en 2027.
En el fondo, todos confluyen sobre una misma cuestión: cómo se sostendrán las prestaciones y cómo se organizará el financiamiento de la discapacidad durante los próximos meses.
Fuentes: La Nación, Argentina.gob.ar, Infobae y proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.
