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A más de 32 años del atentado contra la AMIA, la Justicia argentina dio un nuevo paso hacia la realización de un juicio en ausencia. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un libanés acusados de haber participado en la planificación y ejecución del ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertes y dejó al menos 151 heridos.
La decisión fue adoptada en una resolución de 648 páginas y contempla un embargo de US$500 millones para cada uno de los ocho procesados. Rafecas aplicó el régimen de juicio en ausencia establecido por la Ley 27.784, que permite continuar el proceso judicial aun cuando los imputados permanezcan prófugos y fuera del país, garantizando su representación mediante una defensa técnica.
Como autores mediatos fueron procesados cuatro exfuncionarios iraníes: Alí Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien estaba al frente de la fuerza Al Quds.
También fueron procesados como partícipes necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, entonces consejero cultural de la embajada iraní; y Ahmad Asghari, señalado como integrante de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, ciudadano libanés vinculado a Hezbollah, a quien la investigación atribuye la coordinación operativa de la etapa final del atentado en Buenos Aires.
Según la reconstrucción judicial, la decisión de cometer el atentado habría sido adoptada en agosto de 1993 por altas autoridades del régimen iraní y su ejecución encomendada a Hezbollah. La resolución sostiene que para llevar adelante el ataque se conformó una estructura de apoyo regional y local con presencia en la Triple Frontera, integrada por Puerto Iguazú, en Misiones; Foz de Iguazú, en Brasil; y Ciudad del Este, en Paraguay.
La investigación también reconstruyó la preparación del vehículo utilizado en el atentado. Según el fallo, una Renault Trafic fue adquirida el 10 de julio de 1994 y posteriormente acondicionada con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo fue dejado en un estacionamiento cercano a la AMIA hasta la mañana del 18 de julio, cuando se produjo la explosión.
Qué puede ocurrir ahora: Los procesamientos pueden ser apelados por la defensa. Si la decisión queda firme, el expediente podrá avanzar hacia su elevación a juicio oral bajo el régimen de juicio en ausencia.
Rafecas también dio intervención a la Corte Suprema de Justicia para que evalúe una posible vinculación entre esta investigación y la causa por el atentado contra la Embajada de Israel, cometido en Buenos Aires en 1992. El nuevo régimen permite que el proceso continúe pese a que los principales acusados no se encuentren a disposición de la Justicia argentina, una dificultad que durante décadas impidió llevarlos ante un tribunal.
El fallo representa así uno de los avances procesales más importantes de los últimos años en una causa que continúa abierta más de tres décadas después del atentado.
