Estado judicial y deportivo de Independiente

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó la cancelación definitiva del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, debido a la violencia extrema en las tribunas. La entidad denunció la falta de garantías de seguridad y derivó el caso a su Comisión Disciplinaria. Ambos clubes tienen plazo hasta el 27 de agosto para presentar descargos; de lo contrario, podrían enfrentar sanciones que incluyen multas millonarias, descalificación del torneo actual o exclusión de competiciones internacionales .

En paralelo, las autoridades provinciales recibieron una solicitud formal de clausura preventiva del estadio Libertadores de América–Ricardo Bochini, presentada por el fiscal de Avellaneda, Mariano Zitto, ante el Juzgado de Garantías Nº 3. El juez José Luis Arabito resolvió suspender el uso del estadio para público —cuando sea sede de partidos oficiales— hasta que se implementen garantías capaces de contener futuros incidentes .

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó públicamente la medida y adelantó que Independiente no podrá jugar su próximo partido —frente a Platense— en Avellaneda, independientemente de las exigencias de Conmebol, mientras persistan las medidas judiciales. En su lugar, el club deberá buscar una sede alternativa dentro o fuera de la provincia de Buenos Aires .

Estas acciones oficiales surgen de un análisis crítico sobre el operativo de seguridad —responsabilidad compartida entre el club local y Conmebol— y son coherentes con lineamientos adoptados en casos anteriores de violencia deportiva: clausuras preventivas, partidos a puertas cerradas, y multas ejemplares .