La votación en el Senado del 10 de julio también dejó en evidencia otra tensión: la creciente distancia entre el Gobierno nacional y los gobernadores, que lograron avanzar con una agenda propia en alianza con bloques del Congreso.
Además de la ley vetada por el presidente, la Cámara Alta aprobó —por dos tercios— proyectos impulsados por mandatarios provinciales para reformar la distribución de fondos coparticipables (como los ATN y el impuesto a los combustibles). La medida, que busca una redistribución más equitativa, fue leída por Milei como una señal de rebeldía.
“Los gobernadores quieren destruir al Gobierno nacional”, lanzó desde el escenario porteño, al mismo tiempo que anunció que también vetará esas normas.
La votación fue una señal de autonomía del Congreso, donde se consolidó un bloque opositor compuesto por peronismo, radicalismo, fuerzas provinciales e independientes. Y, al mismo tiempo, dejó al descubierto el inicio de una nueva etapa política, con posibles realineamientos de cara a 2027.
Ya circulan versiones de un “centro político” en construcción, que podría reunir a figuras como Mauricio Macri, Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, Facundo Manes y Elisa Carrió. En paralelo, el PRO consiguió retener espacios en las listas de Buenos Aires, mientras que la UCR y la Coalición Cívica exploran nuevas alianzas dentro y fuera del Congreso.
Los gobernadores, incluso algunos cercanos al oficialismo, empiezan a marcar límites. El escenario post-octubre podría no tener mayorías claras, pero sí una nueva configuración de poder más dialoguista y territorial.
