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El Gobierno de Misiones abrió una nueva vía para discutir judicialmente la derogación de la denominada Ley de Tierras. El gobernador Hugo Passalacqua firmó el 2 de octubre el Decreto 1935, que instruye al Fiscal de Estado a ejercer, en las oportunidades y por las vías que considere técnicamente más adecuadas, las acciones y defensas necesarias para resguardar los derechos e intereses provinciales.
Por ahora, sin embargo, no hay una demanda concreta conocida. El decreto no establece ante qué tribunal se presentará, qué tipo de acción promoverá la Provincia ni si solicitará una medida cautelar. Esa definición quedó en manos de la Fiscalía de Estado.
El punto central para entender qué puede ocurrir está en el reciente fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia que impedía aplicar el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737. Pero no resolvió que ese artículo sea constitucional.
La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado el amparo, no tenía legitimación suficiente para llevar adelante ese planteo y que no existía un caso o controversia judicial concreta que habilitara una decisión sobre el fondo. El propio tribunal aclaró posteriormente que su resolución se limitó a esa cuestión procesal y que otras personas que consideren inconstitucional el régimen pueden recurrir a la Justicia.
Ahí aparece la diferencia que intentará plantear Misiones. La Provincia sostiene en el Decreto 1935 que la derogación puede afectar su autonomía, soberanía territorial, finanzas públicas, recursos naturales, seguridad y entramado económico y social. Como Estado provincial, podría intentar demostrar una afectación propia y directa diferente de la que había invocado una asociación civil.
Eso no garantiza que una futura presentación prospere. La primera discusión será justamente si esos argumentos son suficientes para que la Justicia reconozca la legitimación de Misiones y permita avanzar hacia el debate que la Corte todavía no resolvió: si la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 es constitucional o no.
La cuestión tiene especial relevancia para Misiones. La Ley 26.737 establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y departamental, además de restricciones por nacionalidad y superficie. Los últimos datos oficiales disponibles, actualizados a agosto de 2025, muestran que ninguna provincia superaba globalmente ese 15%, aunque más de treinta departamentos del país sí estaban por encima de ese límite.
Passalacqua sostuvo al anunciar la medida que Misiones tiene más del 90% de frontera internacional y vinculó la decisión con la protección del territorio, los recursos naturales y los pequeños productores.
Ahora falta el paso decisivo: conocer qué acción presentará efectivamente la Fiscalía de Estado, dónde lo hará y qué medida concreta pedirá. Hasta entonces, existe una instrucción formal para avanzar judicialmente, pero el contenido de esa estrategia todavía está abierto.
Fuentes: Ley 26.737 de Tierras Rurales – texto oficial. Datos oficiales de extranjerización por provincia. Datos oficiales de extranjerización por departamento. Decreto 1935/2026 de la Provincia de Misiones, documento aportado. Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa CECIM La Plata c/ PEN.
