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Buenos Aires. El proyecto para fortalecer el sistema de discapacidad obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La iniciativa propone establecer mecanismos permanentes de financiamiento y continuidad de las prestaciones. El avance permite llevar la discusión al recinto, pero todavía no modifica los derechos ni los requisitos vigentes.
El proyecto se apoya en un marco legal existente. La Ley 24.901 organiza el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, mientras que la Ley 27.793 de emergencia incorporó disposiciones sobre pensiones, actualización de aranceles y compensaciones. La propuesta busca sostener esas herramientas más allá de un esquema transitorio.
Uno de sus puntos centrales es el presupuesto. El texto contempla partidas específicas anuales para el Ministerio de Salud, suficientes para sostener el sistema y no inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior. Esa condición busca evitar que la inflación reduzca los recursos disponibles aunque los montos nominales aumenten.
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También plantea ratificar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, referido a los aranceles de las prestaciones y su actualización. Se trata de un aspecto relevante para la continuidad de tratamientos y servicios, cuyos valores se organizan mediante el nomenclador de prestaciones.
En materia laboral, propone compatibilizar la pensión por discapacidad con el empleo formal o la actividad independiente bajo determinadas condiciones. El cobro se mantendría cuando los ingresos laborales no superen dos salarios mínimos. Si exceden ese límite, la pensión quedaría suspendida mientras persista esa situación. Cuando termine el vínculo laboral o los ingresos bajen del umbral, su titular podría solicitar la rehabilitación inmediata, con derecho al cobro desde la petición.
Para los prestadores, el texto prevé un cronograma público de liquidación y pago de las compensaciones pendientes contempladas por la emergencia. Su vencimiento no extinguiría el derecho de quienes cumplieron los requisitos. La obligación se consideraría cumplida cuando reciban la totalidad del monto correspondiente.
La iniciativa incluye, además, cobertura mediante Incluir Salud, capacitación del personal, auditorías con garantías de procedimiento y publicación de información sobre presupuesto, aranceles y pensiones.
El dictamen reunió acompañamientos con diferencias. Entre quienes firmaron con disidencia stuvo el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, que planteó mayores garantías presupuestarias y mejoras para dar mayor protección y tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias.
El sistema de protección y prestaciones ya cuenta con un marco legal vigente. Lo que debe continuar su tratamiento en el Congreso es este proyecto de refuerzo: el dictamen permite avanzar hacia el debate en el recinto, pero sus modificaciones aún no están en vigor.
