El Gobierno federal exigió la detención inmediata de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorio Ramallo, tras confirmarse su responsabilidad en la contaminación de fentanilo clínico que ya causó al menos 76 muertes, según datos oficiales .
Bajo el lema “El señor del fentanilo debe ir preso”, el vocero presidencial denunció que García Furfaro, con vínculos políticos y antecedentes penales, se enriqueció vendiendo productos al Estado antes de que se descubriera la tragedia sanitaria que su empresa provocó.
El comunicado destaca:
• El laboratorio no fue inspeccionado por ANMAT desde febrero de 2020.
• En noviembre de 2024, tras asumir el ministro de Salud Mario Lugones, se ordenó la inspección al laboratorio.
• En febrero de 2025, ANMAT inhabilitó el laboratorio “Ramallo” y, en marzo, prohibió la distribución del fármaco Propofol HLB (lote 60000).
• Además, se investiga la presentación de documentación falsa en su inscripción en el RENPRE y hay denuncias por evasión tributaria agravada.
Datos duros de la tragedia
• El brote causado por el fentanilo contaminado dejó entre 76 y 96 fallecidos, cifra que sigue en revisión.
• El producto circuló en al menos cinco provincias, y se estiman más de 300 000 ampollas contaminadas, de las cuales unas 45 000 ya habían sido administradas antes del retiro del mercado.
• Las bacterias detectadas, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, fueron encontradas tanto en pacientes como en el fármaco.
• El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, indicó que ya no circulan ampollas contaminadas y que 24 personas están identificadas como sospechosas, con prohibición de salir del país y embargo de bienes.
Controversia por posible conflicto judicial: El vocero advirtió que, si el juez Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense y uno de los principales compradores del laboratorio— no dispone la detención inmediata de García Furfaro, el Gobierno pediría su recusación por posible conflicto de intereses.
La causa por fentanilo contaminado representa una de las mayores crisis sanitarias y judiciales del país. Con el Gobierno al frente exigiendo justicia y deslizando recusar al juez si no actúa con celeridad, la presión pública crece para que Ariel García Furfaro enfrente proceso penal. El caso expone también deficiencias regulatorias de ANMAT y refuerza la exigencia de transparencia en la producción de medicamentos.
