

El Gobierno federal exigió la detención inmediata de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorio Ramallo, tras confirmarse su responsabilidad en la contaminación de fentanilo clínico que ya causó al menos 76 muertes, según datos oficiales .
Un mensaje contundente
Bajo el lema “El señor del fentanilo debe ir preso”, el vocero presidencial denunció que García Furfaro, con vínculos políticos y antecedentes penales, se enriqueció vendiendo productos al Estado antes de que se descubriera la tragedia sanitaria que su empresa provocó.
El comunicado destaca:
• El laboratorio no fue inspeccionado por ANMAT desde febrero de 2020.
• En noviembre de 2024, tras asumir el ministro de Salud Mario Lugones, se ordenó la inspección al laboratorio.
• En febrero de 2025, ANMAT inhabilitó el laboratorio “Ramallo” y, en marzo, prohibió la distribución del fármaco Propofol HLB (lote 60000).
• Además, se investiga la presentación de documentación falsa en su inscripción en el RENPRE y hay denuncias por evasión tributaria agravada.
Datos duros de la tragedia
• El brote causado por el fentanilo contaminado dejó entre 76 y 96 fallecidos, cifra que sigue en revisión.
• El producto circuló en al menos cinco provincias, y se estiman más de 300 000 ampollas contaminadas, de las cuales unas 45 000 ya habían sido administradas antes del retiro del mercado.
• Las bacterias detectadas, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, fueron encontradas tanto en pacientes como en el fármaco.
• El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, indicó que ya no circulan ampollas contaminadas y que 24 personas están identificadas como sospechosas, con prohibición de salir del país y embargo de bienes.
Controversia por posible conflicto judicial: El vocero advirtió que, si el juez Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense y uno de los principales compradores del laboratorio— no dispone la detención inmediata de García Furfaro, el Gobierno pediría su recusación por posible conflicto de intereses.
Claves sanitarias y políticas
• ANMAT prohibió desde mayo de 2025 el uso, distribución y comercialización del fentanilo HLB, al confirmar contaminación en el lote afectado.
• El reclamo del Gobierno marca un hito: primera vez que se clausura y denuncia activamente al laboratorio responsable de una tragedia de esta magnitud.
• Familias y víctimas piden justicia en medios y manifestaciones, mientras el Congreso también interviene para exigir explicaciones y medidas .
La causa por fentanilo contaminado representa una de las mayores crisis sanitarias y judiciales del país. Con el Gobierno al frente exigiendo justicia y deslizando recusar al juez si no actúa con celeridad, la presión pública crece para que Ariel García Furfaro enfrente proceso penal. El caso expone también deficiencias regulatorias de ANMAT y refuerza la exigencia de transparencia en la producción de medicamentos.


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