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Tras la condena por corrupción en la causa Vialidad, la Justicia avanza en el decomiso de bienes para intentar recuperar 500 millones de dólares defraudados al Estado. El fiscal Diego Luciani presentó un legajo patrimonial de 40 páginas que detalla cuentas bancarias, plazos fijos, cajas de ahorro, autos, propiedades y empresas vinculadas a la expresidenta y sus allegados.
Entre los bienes embargados figuran:
El departamento de Recoleta, la casa en Río Gallegos y la residencia de El Calafate.
Las sociedades Hotesur, Los Sauces y COMA S.A., investigadas por lavado de dinero.
Cuentas comitentes en la Caja de Valores y un vehículo.
Si bien algunos inmuebles fueron cedidos a sus hijos, los jueces ordenaron su embargo preventivo. El objetivo: frenar cualquier intento de vaciamiento patrimonial y asegurar el resarcimiento económico.
Además, sin acceso a la jubilación de privilegio ni a ingresos por alquileres, y con sus ahorros bajo control judicial, el futuro económico de Cristina Kirchner queda en entredicho.
La pregunta que ya circula en la opinión pública es simple pero incómoda:
¿De qué va a vivir Cristina, ahora que se terminó la impunidad económica?
