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El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para reducir a cero la carga impositiva sobre las nuevas inversiones privadas destinadas a rutas nacionales, como parte de la estrategia oficial para ampliar la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento y explotación de la infraestructura vial.
El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Cumbre Internacional “Vientos de Cambio”. Allí adelantó que Nación buscará avanzar sobre otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales, con un primer bloque de aproximadamente 6.000 kilómetros.
La propuesta contempla, en principio, eliminar los impuestos nacionales que recaigan sobre esas nuevas inversiones. Pero el objetivo del Ejecutivo es más amplio: pretende que también las provincias y los municipios acompañen el esquema mediante la reducción o eliminación de tributos propios.
Caputo planteó que las inversiones deberían quedar alcanzadas por un esquema de “cero impuesto nacional, provincial y municipal”, con el argumento de disminuir los costos de los proyectos y generar mayores incentivos para la participación privada.
La eventual aprobación de una ley nacional no podría eliminar por sí sola impuestos que pertenecen a las jurisdicciones provinciales o municipales.
Por eso, para alcanzar el esquema planteado por Economía, será necesaria la adhesión de gobernadores e intendentes, que deberán definir qué tratamiento otorgarán a tributos locales relacionados con las inversiones.
Ese punto será especialmente relevante en impuestos provinciales como Ingresos Brutos y en distintas tasas municipales, aunque el detalle concreto de los tributos alcanzados recién podrá conocerse cuando el Gobierno presente el proyecto y se conozca su articulado.
La propuesta guarda similitud con otros regímenes de incentivo impulsados por Nación, en los que el Gobierno nacional establece beneficios propios y solicita posteriormente la adhesión de las provincias y municipios.
La iniciativa impositiva forma parte de un cambio más amplio en la administración de la red vial. El Gobierno viene avanzando con concesiones de rutas bajo el régimen de obra pública por peaje y con la transferencia de determinadas competencias a las provincias.
En abril, mediante el Decreto 253/2026, Nación delegó en nueve provincias la posibilidad de otorgar concesiones por peaje sobre determinados tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios. La norma establece que las concesiones pueden comprender administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, y exige criterios de transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
En paralelo, el Ministerio de Economía mantiene en marcha la denominada Red Federal de Concesiones, que contempla distintos corredores del país y prevé que empresas privadas asuman tareas de construcción, explotación, administración, conservación y mantenimiento bajo el régimen de peaje.
La intención oficial es que ese esquema se amplíe ahora sobre otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales.
La discusión tiene una lectura particular para Misiones, donde en las últimas semanas volvió al centro de la agenda el sistema de concesiones y peajes sobre la Ruta Nacional 12.
La provincia integra además el corredor Mesopotámico previsto dentro de la nueva Red Federal de Concesiones, por lo que cualquier modificación en las condiciones económicas e impositivas de futuras inversiones viales puede tener incidencia sobre proyectos que atraviesen la región.
El anuncio abre así dos discusiones paralelas: por un lado, cómo se financiarán y mantendrán las rutas bajo una mayor participación privada; y por otro, cuánto estarán dispuestas a resignar las provincias y los municipios en materia tributaria para facilitar esas inversiones.
Por el momento, la iniciativa se encuentra en etapa de anuncio. El próximo paso será conocer el proyecto de ley que el Ministerio de Economía anticipó que enviará al Congreso y, fundamentalmente, qué impuestos quedarán efectivamente comprendidos y qué condiciones deberán cumplir las inversiones para acceder al beneficio.
Fuentes: Ministerio de Economía de la Nación, normativa nacional vigente y LA NACION.
