La Frontera MisionesLa Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que continuará su tratamiento en el Senado.
El texto amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. El oficialismo sostiene que la medida permitirá formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema, mientras la oposición denuncia un nuevo blanqueo.
La reforma elimina los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que regían para acceder al esquema. Se mantendrán como requisitos contar con residencia fiscal argentina y no estar registrado como Gran Contribuyente Nacional.
Quienes ingresen al sistema podrán presentar una declaración simplificada y acceder a una presunción de exactitud sobre los datos informados. La propuesta también flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado por ARCA para iniciar fiscalizaciones.
El proyecto limita la posibilidad de que el organismo recaudador cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores. Además, reconoce como compatibles con el régimen los pagos en efectivo formalizados mediante escrituras públicas.
El oficialismo incorporó una restricción para quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. Podrán utilizar la declaración simplificada, pero no recibirán las protecciones previstas en el régimen.
La exclusión comprende a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores, concejales, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros de consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.
En esos casos, ARCA podrá investigar cualquier diferencia detectada y aplicar multas o sanciones mediante las reglas generales. La limitación no fue extendida a cónyuges ni familiares de los funcionarios, uno de los puntos cuestionados durante el debate.
La iniciativa disminuye un 25% determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
También establece una reducción del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no estén firmes ni hayan sido canceladas. Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá regularizar el incumplimiento que originó la multa.
